LA CRISIS DE LOS CONTROLADORES (09 de diciembre)

El llamado Puente de la Constitución (6 de diciembre) o de la Inmaculada (8 de diciembre) ha estado marcado por la crisis de los controladores. Durante las jornadas del viernes y sábado, cuando cientos de miles de españoles y extranjeros se proponían a iniciar unos días de vacaciones, el espacio aéreo español estuvo prácticamente cerrado por la negativa de los controladores a trabajar.

El colectivo de controladores tiene una serie de privilegios y exclusividad que el gobierno no quiere seguir manteniendo (sueldo medio anual de 250.000 euros, jornada laboral reducida). El gobierno aprobó el mismo viernes un decreto que regulaba la jornada laboral de los controladores. Éstos, como señal de protesta, abandonaron masivamente su puesto de trabajo iniciando una denominada “huelga salvaje” (por no estar previamente comunicada, a diferencia de la huelga general del 29 de Septiembre).

El gobierno declaró el estado de alarma a las 12:00 del mediodía del sábado (la primera vez en la historia de la democracia), lo que suponía que los controladores pasaban a estar bajo mandos militares. Poco a poco la situación se fue normalizando y los controladores comenzaron a trabajar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: más de 600.000 pasajeros se han visto afectados por su actuación, la imagen de España ha resultado dañada internacionalmente y las pérdidas han sido millonarias. Ahora, según el gobierno, es el momento de hacer justicia. El fiscal general del Estado ha declarado que se pedirán penas de hasta 8 años de cárcel por un presunto delito de sedición (término para referirse a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido).